AMNISTÍA INTERNACIONAL
CAPÍTULO VENEZUELA
INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL
MUNDO 2016/17
22 de febrero de 2017
El gobierno declaró el estado de excepción
y lo prorrogó cuatro veces. La mayoría de las personas sospechosas de ser responsables
de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos
cometidos durante las protestas de 2014 todavía no habían comparecido ante la
justicia. Continuaban la violencia y el hacinamiento en las prisiones. Las
sobrevivientes de violencia de género se enfrentaban a considerables obstáculos
para acceder a la justicia. Buscando su descrédito, se lanzaban frecuentes
campañas de discriminación contra periodistas y defensores y defensoras de los
derechos humanos, que también sufrían agresiones e intimidación. Se siguió
encarcelando a personas críticas con el gobierno y a miembros de la oposición
política. Se denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y de
las fuerzas de seguridad.
INFORMACIÓN GENERAL
El 15 de enero, el presidente Maduro
declaró el estado de excepción y emergencia económica, que se mantuvo todo el
año. La declaración estableció disposiciones que podían restringir la labor de
la sociedad civil y de las ONG, al permitir, por ejemplo, que las autoridades
revisaran acuerdos firmados entre organizaciones nacionales y entidades
jurídicas con empresas o instituciones con sede en el extranjero. Las
autoridades no proporcionaron información sobre los resultados de la aplicación
del Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado en 2015. La mayoría de las
sentencias y de las órdenes sobre Venezuela dictadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos todavía no se habían cumplido al terminar el
año.
La escasez de alimentos y medicamentos se
intensificó de manera alarmante, lo que desató protestas en todo el país. En
julio, el ejecutivo anunció un nuevo régimen de trabajo temporal obligatorio en
virtud del cual las personas empleadas en los sectores público y privado podían
ser transferidas a empresas estatales de producción de alimentos, lo que
constituiría trabajo forzado.
En octubre, el alto comisionado de las
Naciones Unidas para los derechos humanos declaró que varios relatores
especiales habían tenido dificultades para visitar el país porque el gobierno
no les concedía los permisos pertinentes.
En noviembre, Venezuela se sometió por
segunda vez al examen periódico universal de la ONU, en el que se evaluó su
historial en materia de derechos humanos. El hecho de que más del 60% de los
jueces ocupara su cargo de manera temporal hacía temer que pudieran ser
vulnerables a las presiones políticas. En contra de lo dispuesto por las normas
internacionales de derechos humanos, se juzgaba a civiles ante tribunales
militares. Las fuerzas policiales se negaban a cumplir las órdenes de puesta en
libertad dictadas por los tribunales.
El Tribunal Supremo de Justicia limitó
drásticamente mediante resoluciones las facultades de la Asamblea Nacional, con
mayoría de la oposición, lo que entorpecía la capacidad de diputados y diputadas
para representar a los pueblos indígenas. El Tribunal Supremo también anuló una
declaración parlamentaria sobre la no discriminación relacionada con la
orientación sexual y la identidad de género, y una declaración que pedía el
cumplimiento de las decisiones adoptadas por las organizaciones
intergubernamentales.
IMPUNIDAD
La retirada del país de la jurisdicción de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (efectiva desde 2013) continuó
privando del acceso a la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas de
violaciones de derechos humanos y sus familias.
A pesar de que en diciembre dos
funcionarios fueron declarados culpables del asesinato de Bassil Da Costa y
Geraldine Moreno, cometido durante las protestas de 2014, fueron lentos los avances
para llevar ante la justicia a los presuntos responsables penales del homicidio
de otras 41 personas —incluidos miembros de las fuerzas de seguridad— y de
tortura y otros malos tratos a manifestantes durante las protestas. Entre las
personas sospechosas había miembros de las fuerzas de seguridad. La información
proporcionada por la fiscal general durante el examen periódico universal
reveló que nueve funcionarios habían sido declarados culpables de diversos
delitos, y que otros 18 estaban siendo investigados, pese a que el año anterior
se habían iniciado 298 investigaciones. Con todo, los únicos datos oficiales
publicados por el Ministerio Público fueron los relativos a la sentencia
condenatoria de un hombre por el asesinato en 2014 de Adriana Urquiola,
cometido en la ciudad de Los Teques, estado Miranda.
Según un informe del Ministerio Público
presentado al Parlamento en enero, en 2015 se recibieron más de 11.000
denuncias de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos
humanos, pero durante el año sólo se habían iniciado 77 juicios. Nadie había
comparecido ante la justicia por el homicidio de ocho miembros de la familia
Barrios ni por las amenazas e intimidaciones que otras personas de esa misma
familia venían sufriendo desde 1998 en el estado Aragua. Alcedo Mora Márquez,
empleado de la Secretaría de Gobierno del estado Mérida y líder comunitario de
la zona, desapareció en febrero de 2015. Antes de su desaparición había
denunciado la conducta indebida de funcionarios locales.
En marzo, 28 mineros y mineras
desaparecieron en el estado Bolívar; en octubre, el Ministerio Público presentó
un informe que revelaba que había hallado los cadáveres de estas personas y
había determinado quiénes eran los responsables de su desaparición. Se presentaron
cargos de asesinato, robo y “privación de libertad” contra 12 personas.
USO EXCESIVO DE LA FUERZA
Se denunció repetidamente el uso excesivo
de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente en la
represión de las protestas por la falta de alimentos y medicamentos. En junio,
Jenny Ortiz Gómez murió por varios disparos en la cabeza durante una operación
policial de mantenimiento del orden público. El presunto responsable fue
acusado de homicidio intencional y uso indebido de arma de fuego.
Según el Observatorio Venezolano de
Conflictividad Social, durante el año se registraron aproximadamente 590
manifestaciones al mes. La mayoría estaban relacionadas con demandas de
derechos económicos, sociales y culturales, en particular con el acceso a
alimentos, salud y vivienda.
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS
HUMANOS
Los defensores y defensoras de los
derechos humanos continuaron siendo blanco de ataques e intimidación por parte
de los medios de comunicación estatales y de alto cargos gubernamentales.
En abril, Humberto Prado Sifontes,
director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), fue, una vez más,
víctima de amenazas e insultos al ser pirateadas sus cuentas de correo
electrónico y redes sociales tras la publicación de una entrevista en la que
denunciaba la violencia en el sistema penitenciario.
En mayo, mientras atendía a personas
heridas durante una manifestación en el estado Mérida, Rigoberto Lobo Puentes,
miembro del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes,
recibió disparos de perdigones en la cabeza y la espalda efectuados por unos
agentes de policía. Los agentes siguieron disparándole tras meterse él en su
automóvil. En junio, los abogados Raquel Sánchez y Oscar Alfredo Ríos, miembros
de la ONG Foro Penal Venezolano, fueron atacados por un grupo de encapuchados
que destrozaron el parabrisas y los espejos retrovisores laterales del
automóvil en el que viajaban por el estado Táchira. Raquel Sánchez resultó
gravemente herida al ser golpeada en la cabeza cuando salía del vehículo.
CONDICIONES DE RECLUSIÓN
Las cárceles seguían teniendo graves
problemas de hacinamiento, y las condiciones de vida de la población reclusa
—incluido el acceso a alimentos y la salud— empeoraron, a pesar del anuncio sobre
nuevos centros de detención. La presencia de armas en posesión de los reclusos
seguía siendo un problema que las autoridades no controlaron. Según el OVP,
durante el primer semestre del año la población reclusa superaba en un 190% la
capacidad máxima de los centros penitenciarios. Varias ONG locales también
denunciaron la situación crítica en los centros de detención preventiva.
En marzo, 57 personas resultaron heridas
en el Centro Penitenciario Fénix, en el estado Lara, entre ellas cuatro
reclusos, un funcionario de prisiones y el director de la cárcel.
En agosto, siete personas murieron y
varias resultaron heridas por la explosión de granadas durante un motín en el
Centro
Penitenciario de Aragua. En octubre,
varios reclusos fueron desalojados de la Penitenciaría General de Venezuela
tras semanas de enfrentamientos con la Guardia Nacional Bolivariana que,
presuntamente, hizo uso excesivo de la fuerza.
La Defensoría del Pueblo anunció una
propuesta para reducir el hacinamiento en los centros de detención preventiva.
Según el informe anual presentado por la Defensoría ante el Parlamento, 22.759
personas se hallaban detenidas en espera de juicio en dependencias policiales,
lo que provocaba hacinamiento y la propagación de enfermedades y violencia.
DETENCIÓN Y RECLUSIÓN ARBITRARIAS
Al concluir el año, el abogado Marcelo
Crovato seguía bajo arresto domiciliario. Había sido recluido sin juicio en
abril de 2014 y sometido a arresto domiciliario en 2015 por defender a los
residentes en cuyas viviendas las autoridades habían irrumpido durante unas
protestas. Las decisiones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención
Arbitraria todavía no se habían aplicado al terminar el año. Entre ellas había
decisiones relativas a los casos de Daniel Ceballos y Antonio Ledezma, dos
destacados líderes opositores al gobierno.
En junio, Francisco Márquez y Gabriel San
Miguel, dos activistas que apoyaban al partido de oposición Voluntad Popular,
fueron detenidos cuando se dirigían desde la capital, Caracas, al estado Portuguesa
para ayudar a organizar actividades electorales. En agosto, Gabriel San Miguel
fue puesto en libertad tras una gestión del gobierno de España, y Francisco
Márquez fue liberado en octubre.
Emilio Baduel Cafarelli y Alexander Tirado
Lara fueron transferidos en tres ocasiones a centros de detención considerados
peligrosos, lo que suscitó preocupación por su vida e integridad física. Ambos
habían sido declarados culpables de instigación pública, intimidación pública
con artefactos explosivos y agavillamiento (conspiración para delinquir)
durante las protestas de
2014.
Los miembros de la oposición Coromoto
Rodríguez, Yon Goicoechea, Alejandro Puglia y José Vicente García fueron
arrestados en mayo, agosto, septiembre y octubre, respectivamente, en circunstancias
que constituían detención arbitraria. Coromoto
Rodríguez y Alejandro Puglia fueron
puestos en libertad en octubre. En septiembre fueron detenidos Andrés Moreno
Febres-Cordero, Marco Trejo, James Mathison y César Cuellar y, a pesar de ser
civiles, comparecieron ante un tribunal militar por participar en la producción
de un vídeo del partido político Primero Justicia en el que se había criticado
al gobierno. Marco Trejo y Andrés Moreno Febres-Cordero fueron liberados en
noviembre.
PRESOS Y PRESAS DE CONCIENCIA
Se siguió encarcelando a personas que se
oponían políticamente al gobierno. En julio, una corte de apelaciones desestimó
un recurso contra la pena de cárcel impuesta al preso de conciencia Leopoldo
López, sin considerar la ausencia de pruebas fehacientes que respaldaran los
cargos en su contra ni las declaraciones públicas realizadas por las
autoridades antes de su condena, que socavaron gravemente el derecho del
acusado a un juicio justo. Leopoldo López había sido condenado a 13 años y 9
meses de prisión. Según el Foro Penal Venezolano, más de un centenar de
personas se hallaban detenidas por razones políticas.
En noviembre fue excarcelado Rosmit
Mantilla, preso de conciencia y activista que defendía los derechos de
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). Llevaba
encarcelado desde 2014. Al concluir el año, seguían sin estar claras las
circunstancias y las condiciones de su liberación.
POLICÍA Y FUERZAS DE SEGURIDAD
Seguía sin disponerse de datos oficiales
recientes sobre el número de homicidios. El Observatorio Venezolano de
Violencia informó de que el país tenía la segunda tasa de homicidios más alta
de América. En enero, el Ministerio Público informó de que se habían iniciado
investigaciones sobre la muerte de 245 personas ocurrida en presuntos
enfrentamientos armados con agentes durante la Operación de Liberación y
Protección del Pueblo (OLP), concebida por el gobierno y llevada a cabo en
julio de 2015 por las fuerzas de seguridad para abordar los altos índices de delincuencia.
La elevada cifra de bajas civiles apuntaba a que las fuerzas de seguridad
podían haber recurrido al uso excesivo de la fuerza o haber cometido
ejecuciones extrajudiciales.
El 15 de octubre, 12 jóvenes fueron
detenidos arbitrariamente en la región de Barlovento, estado Miranda, durante
una operación de seguridad de la OLP. El 28 de noviembre se encontraron sus
cadáveres en dos fosas comunes clandestinas. Según el Ministerio Público, 18
miembros de las fuerzas armadas fueron detenidos por su presunta participación
en la masacre.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU
expresó preocupación por los informes de abusos cometidos por el ejército
contra los pueblos indígenas establecidos en la Guajira, estado Zulia, en la
frontera con Colombia.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Las autoridades continuaron señalando a
medios de comunicación y periodistas que mantenían una postura crítica respecto
al gobierno.
En marzo, David Natera Febres, director
del periódico regional Correo del Caroní, fue condenado a cuatro años de
prisión y al pago de una multa por publicar reportajes sobre la corrupción. La
sentencia todavía no se había aplicado al terminar el año.
En junio, 17 periodistas y profesionales
de los medios de comunicación que cubrían las protestas en Caracas por la
escasez de alimentos sufrieron agresiones y el robo de sus equipos. El caso fue
denunciado ante el Ministerio Público, sin resultado alguno.
VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS
La aplicación de la legislación de 2007
que penalizaba la violencia de género continuaba siendo lenta debido a la falta
de recursos; al concluir el año las víctimas de este tipo de violencia que
necesitaban protección todavía no disponían de casas refugio.
Las estadísticas del Ministerio Público
indicaban que en 2015 se habían recibido 121.168 denuncias de violencia por
motivos de género. Se iniciaron actuaciones penales en 19.816 casos y se
dictaron medidas de protección civil, como órdenes de alejamiento, en menos de
la mitad de los casos. Según organizaciones de defensa de los derechos de las
mujeres, el 96% de los casos que llegaron a los tribunales no acabaron en
condena.
DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES,
TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES
En mayo, la Asamblea Nacional aprobó
declarar el 17 de mayo “Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia”.
En agosto, el Ministerio del Interior y de
Justicia y el Ministerio Público acordaron que las personas transgénero podrían
expresar libremente su identidad de género en la fotografía de sus documentos
de identificación. Con todo, no hubo avances en la legislación para garantizar
la igualdad de derechos, como ofrecer la posibilidad de que una persona
cambiara el nombre, el género y otros datos en los documentos oficiales a fin
de que se ajustaran a la identidad de género, o tipificar como delito los
crímenes de odio basados en la orientación sexual y la identidad o expresión de
género.
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
El acceso a métodos anticonceptivos,
incluidos los de emergencia, era cada vez más limitado debido a la escasez de
medicamentos. El aborto continuaba penalizado en todos los casos, salvo cuando
la vida de la mujer o la niña estuviera en peligro.
Según un informe del Fondo de Población de
las Naciones Unidas, el índice de mortalidad materna en el país era de 95 por
cada 100.000 nacimientos vivos, una cifra significativamente superior a la
media regional de 68 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos. El uso de
métodos anticonceptivos era del 70% para los métodos tradicionales y del 64%
para los modernos; la media regional era del 73% y el 67%, respectivamente.
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
No se cumplían las disposiciones legales
para garantizar y regular la consulta a los pueblos indígenas sobre cuestiones
que afectaran a sus medios de vida. Hubo denuncias de criminalización de
defensores y defensoras de los derechos indígenas y de los derechos
ambientales. Suscitaba preocupación el impacto que podrían tener sobre las
tierras indígenas y sobre el medio ambiente los grandes proyectos mineros en la
región meridional de Venezuela conocida como el Arco Minero. La aprobación para
la puesta en marcha de proyectos se concedía sin consultar con las comunidades
indígenas de la zona ni obtener su consentimiento libre, previo e informado.
DERECHO A LA SALUD: FALTA DE ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS
La crisis económica y social en el país
siguió empeorando. Ante la falta de estadísticas oficiales, agencias privadas e
independientes, como el Centro de Documentación y Análisis para los
Trabajadores (CENDA), informaron de que desde noviembre de 2015 hasta octubre
de 2016 había habido una inflación del 552% en los productos alimentarios, lo
que dificultaba enormemente a la población la compra de alimentos, incluso
cuando los encontraban. Según el Observatorio Venezolano de la Salud, el 12,1%
de la población comía únicamente dos veces al día o menos. La Fundación Bengoa
para la Alimentación y Nutrición estimaba que el 25% de los niños y niñas
padecían malnutrición.
La encuesta sobre condiciones de vida
llevada a cabo por tres importantes universidades reveló que el 73% de los
hogares del país sufrían pobreza de ingresos en 2015, mientras que los datos
oficiales del Instituto Nacional de Estadística situaban esa cifra en el 33,1%.
La negativa del gobierno a aceptar ayuda internacional
para responder a la crisis humanitaria y proporcionar medicamentos exacerbaba
la crítica situación de la atención médica. La deficiente situación de los
servicios de salud pública dio lugar a un aumento de enfermedades prevenibles y
tratables como la malaria y la tuberculosis. Algunas ONG como la Coalición de
Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA) y varias
asociaciones profesionales estimaron la escasez de medicamentos de elevado
precio en un 75% y la de medicamentos esenciales en un 90%.
cortesía del Departamento de Prensa de Amnistía Internacional
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