FGR, Luisa Ortega Díaz, informó que las sentencias del TSJ constituyen ruptura del orden constitucional
Fiscal General aseguró que sentencias del TSJ
constituyen ruptura del orden constitucional
(Caracas, 31 de marzo de 2016) La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia constituyen una ruptura del orden constitucional, así como el desconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Durante
el acto de presentación del Informe Anual de Gestión 2016, en la sede principal
del Ministerio Público, en Caracas, Ortega Díaz enfatizó que luego de estas
decisiones del máximo tribunal se vio obligada a manifestar su alta
preocupación ante el país por los recientes eventos y, sobre todo, porque los
venezolanos contribuyeron en la redacción de la actual Carta Magna a través
del proceso constituyente de 1999.
En
ese sentido, resaltó que fue el presidente Hugo Chávez el impulsor de la
Constitución, la cual se aprobó en un proceso abierto, popular, participativo y
protagónico del pueblo.
“Fue
el pueblo quien, a través de un referendo consultivo, aprobó la Constitución”,
destacó.
En
esta oportunidad, la máxima representante del Ministerio Público llamó a la
reflexión para que se tomen caminos democráticos, se propicie un ambiente de
respeto y rescate de la pluralidad.
También,
invitó a que se debata en el país de manera democrática y respetando las
diferencias, así como la búsqueda de caminos institucionales para garantizar la
paz y la superación de obstáculos, lo que impide en la actualidad brindar la
calidad de vida que reclama la población.
Respeto a la soberanía
Durante
el acto, Ortega Díaz fue contundente al señalar que Venezuela es un país
soberano, por lo que sus habitantes no aceptan injerencia extranjera en los
asuntos internos del Estado.
Al
respecto, invocó el artículo 1º de la actual Constitución que se refiere a los
derechos irrenunciables de la nación, por lo que se mostró contraria a
cualquier hecho que atente contra la autodeterminación del país.
BALANCE 2016:
En 2016 se evidenció una tasa de homicidios de 70,1 por cada 100 mil
habitantes, así lo informó durante la presentación del Informe Anual de
Gestión 2016. De acuerdo con la FGR: En 2016 se
evidenció una tasa de homicidos de 70,1 por cada 100 mil
habitantes
(Caracas, 31 de marzo de 2017) En horas de
la mañana de este viernes 31 de marzo, la Fiscal General de la República, Luisa
Ortega Díaz, presentó el Informe Anual de Gestión del Ministerio Público
correspondiente al año 2016, en el cual destacó que durante ese lapso se
evidenció una alta incidencia del delito de homicidio con una tasa de 70,1 por
cada 100 mil habitantes.
En el acto llevado a cabo en la sede principal de la institución en Caracas,
Ortega Díaz indicó que dicha cifra se traduce en 21 mil 752 homicidios
dolosos o intencionales, en los cuales están contempladas todas las modalidades:
femicidios, sicariatos y muertes por resistencia a la autoridad, de acuerdo a
estándares internacionales como el Protocolo de Bogotá.
Ante este indicador hizo un llamado a unificar esfuerzos institucionales para
establecer como meta la reducción de la criminalidad en el país, al tiempo que
informó que en el citado año se registraron 4 mil 667 personas fallecidas a
manos de efectivos policiales, por lo que hizo referencia a políticas
policiales que implican un aumento de la violencia en la nación.
En cuanto a esta situación dijo que resulta imprescindible que el órgano rector
en materia de seguridad ciudadana retome las directrices contempladas en la Ley
Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, asimismo en
las distintas resoluciones emanadas del Consejo General de Policía para el
desarrollo de los parámetros de unas actuaciones apegadas al marco
constitucional.
Adicionalmente, la Fiscal General destacó que de los 21 mil 752 homicidios
registrados en el 2016, 12 mil 069 fueron jóvenes con edades comprendidas entre
15 y 30 años. Al respecto manifestó que el mencionado saldo atenta contra la
generación de relevo.
Por estos casos, el Ministerio Público imputó a 13 mil 334 personas y acusó a 5
mil 796. Igualmente, por estas muertes fueron solicitadas 3 mil 350 órdenes de
aprehensión, de las cuales fueron ejecutadas 2 mil 121.
Desarme de la población y DDHH
Ortega Díaz también resaltó que el 86,6% de la referida cifra de homicidios
dolosos fue causado por armas de fuego, lo que evidencia lo necesario de
desarmar a la población civil.
Hizo un llamado a la implementación del control de armas y municiones en aras
de lograr la reducción de la criminalidad y el establecimiento de una cultura
de paz.
Por otra parte, la máxima representante del Ministerio Público puntualizó que
el año pasado resultaron imputados 4 mil 441 funcionarios de diversos cuerpos
de seguridad del Estado por estar presuntamente incursos en hechos violatorios
de los derechos humanos. De esta cifra fueron acusados 635 efectivos, de los
cuales 266 están condenados.
Entre los delitos por los cuales se procesó a estas personas destacan el
homicidio, la tortura, el trato cruel, violación de domicilio y privación
ilegítima de libertad, agregó.
En el caso de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), se contabilizaron
241 muertes, por lo que fueron imputados 80 funcionarios de distintos cuerpos
de seguridad y se acusaron a 17, por la presunta comisión de los citados tipos
penales.
Otros delitos de alto impacto en la sociedad
La Fiscal General también hizo referencia a los delitos de extorsión y
secuestro, por los que fueron imputadas 4 mil 430 personas y 2 mil 590
acusadas; mientras que por tipos penales relacionados con drogas ilícitas
fueron imputados 19 mil 761 ciudadanos y se presentaron acusaciones contra 10
mil 521.
Mencionó el auge de los delitos económicos, financieros y de legitimación de
capitales por los cuales se acusaron a 2 mil 614 personas.
También explicó que la
corrupción atenta contra la legitimidad de las instituciones y contra la
sociedad en general, por tanto 3 mil 165 personas resultaron imputadas, 2 mil
167 acusadas, y otras 979 condenadas por ilícitos establecidos en la Ley contra
la Corrupción.
Trato especial a la familia
La Fiscal General reiteró que la prioridad de la institución se centra en la
infancia, la adolescencia, en la familia y en las mujeres, por ello informó que
en el 2016 se registraron 122 femicidios consumados y 57 frustrados, casos por
los que se presentaron 108 acusaciones y se lograron 45 condenas que involucran
a 50 victimarios. Acerca de ello expresó que por tales casos no puede haber
impunidad.
En cuanto a la violencia de género contra las mujeres, destacó la labor que
emprendió el año anterior el Servicio de Abordaje Integral a Víctimas de
Violencia de Género, puesto en marcha con el fin de garantizar los derechos de
las víctimas de estos delitos.
Acotó que esta dependencia cuenta con fiscales, abogados, psicólogos,
psiquiatras y expertos especializados en la materia para ofrecer un servicio
expedito a las usuarias.
Hizo énfasis en el fortalecimiento de las actuaciones en materia de niñas,
niños y adolescentes, por lo que expresó que los fiscales con competencia en
Penal Ordinario imputaron a 9 mil 218 personas y acusaron a 4 mil 286; mientras
que respecto al Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, fueron
imputados 20 mil 066 y se presentó acto conclusivo contra 10 mil 713, por diferentes
tipos penales.
Ante tal situación social instó a todos los venezolanos a contribuir con el
rescate de las generaciones futuras.
Para cerrar su exposición, Ortega Díaz dijo que el Informe de Gestión 2016
estará disponible en la página Web del Ministerio Público (www.mp.gob.ve) para
que sea del conocimiento de todos.
Consideraciones especiales
La Fiscal General insistió
en unos tópicos de acciones necesarias para su abordaje por parte de todas las
instituciones del Estado; entre ellos destacó la implementación inmediata de
una política de control en el uso y tenencia de armas y municiones, además el
diseño urgente de un plan de atención a la niñez y la población juvenil.
Enfatizó en el establecimiento de mecanismos de control, supervisión y
seguimiento que eviten desviaciones en el actuar de funcionarios de los cuerpos
de seguridad, al tiempo que invitó al estudio de los efectos positivos y
negativos de la aplicación de las OLP en el país.
Del mismo modo instó a retomar la institucionalidad, el respeto al ordenamiento
jurídico y la atención para el pueblo venezolano.
Por último, Ortega Díaz exhortó a todos los actores políticos, sociales e
institucionales sobre lo imperioso de trabajar armónicamente para asegurar la
paz y el Estado de Derecho en pro de la construcción de una sociedad justa.
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