Con la sociedad, en su conjunto, nos une la común necesidad de contribuir a la reconstrucción de nuestro país, en la conciencia clara de que todos debemos subordinar los intereses personales al bien colectivo para construir el camino que nos conduzca a la creación de una nueva nación, dentro de los principios de libertad, respeto y vida digna para todos
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La Confederación de Industriales de
Venezuela, Conindustria, organización gremial que reúne y representa los
sectores y las regiones de transformación industrial en Venezuela, rechaza la
sentencia 156 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ), el día Jueves 30 de Marzo del 2017, considerándola
inaceptable, por cuanto con esta sentencia
la Sala Constitucional se atribuye una representación popular que no le ha sido
otorgada y que solo pertenece por mandato constitucional a la Asamblea
Nacional.
Solo
el Poder Legislativo representa al pueblo de Venezuela. Las sentencias 155 y 156, en consecuencia,
pretenden formalizar la usurpación de funciones que no le corresponden al TSJ,
desconociendo la separación y autonomía de los poderes públicos; en este caso
de la Asamblea Nacional, fundamento del sistema político democrático escogido
por los ciudadanos mediante su contrato de convivencia social denominado
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en diciembre de
1999.
La
democracia no es un resultado sino un sistema político a respetar fielmente,
que se construye sobre el respeto y la defensa que todos los ciudadanos hacen
de ella; por ello, el pretender sustituirla haciendo un ejercicio permanente de
manipulación y propaganda que encubre la destrucción del tejido económico,
político y social de la nación, resulta inadmisible.
Venezuela
atraviesa una de las peores crisis de su historia republicana, al punto que hoy
día se presenta como un estado fallido, incapaz de garantizar la vida, la
libertad, la propiedad y la producción de bienes para sus ciudadanos. Las
erradas políticas públicas aplicadas desde el año 2005 y acentuadas desde el
año 2013 han arruinado el tejido de producción industrial y desintegrado la economía
venezolana, degenerado en condiciones de inflación y escasez que niegan la
calidad de vida de los venezolanos, degradados a la servidumbre de las largas
colas que se aprecian en establecimientos de consumo de todo tipo de bienes y
servicios.
Los funcionarios públicos
que pretenden usurpar funciones de la representación popular expresada en la
Asamblea Nacional, pierden aquella poca legitimidad que les queda luego de
obstruir el Referéndum Revocatorio del mandato presidencial, mecanismo legal y
legítimo dentro del sistema de escogencia y remoción de funcionarios públicos,
que forma parte de nuestro contrato social.
Así, Conindustria manifiesta su respaldo a la
Asamblea Nacional legítimamente electa el 6 de diciembre de 2015, donde quiera
que ésta sesione, y que se encuentra con plenas facultades para ejercer sus obligaciones
constitucionales; obligaciones que incluyen los consensos sociales que
posibilitan un entorno dentro del cual, respetando
el Estado de Derecho, se generen los equilibrios que requiere la economía y estimule
la producción de bienes y creación de puestos de trabajo, por y para los
ciudadanos venezolanos.
Con la sociedad, en su conjunto, nos une la
común necesidad de contribuir a la reconstrucción de nuestro país, en la
conciencia clara de que todos debemos subordinar los intereses personales al
bien colectivo para construir el camino que nos conduzca a la creación de una
nueva nación, dentro de los principios de libertad, respeto y vida digna para
todos. Es por ello que promovemos
un acuerdo social amplio para la inmediata celebración de elecciones libres, transparentes, sin restricciones,
que renueven a todos los poderes públicos de elección popular.
A
la Fuerza Armada Nacional, representada en
todos sus componentes y jerarquías, le reiteramos la obligación constitucional
de defender la democracia.
Que no se cierren los caminos que conducen a
la reconstrucción de nuestra nación. La
sociedad está observando y juzgará a quienes contribuyan u obstruyan los
mecanismos de recuperación nacional.
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